Los Fundamentos Jurídicos del Apra contra los Pueblos Indiginas

El código penal vigente estipula en su TITULO XVI LOS DELITOS RELACIONADOS A LOS ACTOS CONTRA LOS PODERES DEL ESTADO Y EL ORDEN CONSTITUCIONAL, SEÑALANDO TAXATIVAMENTE EN SU CAPITULO I LOS TIPOS PENALES DE REBELIÓN Y SEDICIÓN TAL Y COMO SIGUE A CONTINUACION:

Artículo 346.- Rebelión
El que se alza en armas para variar la forma de gobierno, deponer al gobierno legalmente constituido o suprimir o modificar el régimen constitucional, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de diez ni mayor de veinte años y expatriación.

Artículo 347.-Sedición
El que, sin desconocer al gobierno legalmente constituido, se alza en armas para impedir que la autoridad ejerza libremente sus funciones o para evitar el cumplimiento de las leyes o resoluciones o impedir las elecciones generales, parlamentarias, regionales o locales, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años.

Artículo 349.- Conspiración para una rebelión, sedición o motín
El que toma parte en una conspiración de dos o más personas para cometer delitos de rebelión, sedición o motín, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de la mitad del máximo de la señalada para el delito que se trataba de perpetrar.

Estos artículos citados han sido invocados por el Gobierno represivo del Apra en su denuncia realizada ante la 44° Fiscalía contra Alberto Pizango, líder y dirigente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Esta tesis de conspiración en contra de un estado colapso y repleto de iras de poder, planteada mediante su denuncia al Ministerio Público, como toda denuncia a fin de que se ejercite la acción penal mediante esta institución del estado, debe ser asistida de aquellos elementos objetivos y subjetivos de cada tipo penal que señala la misma norma y las demás conexas referidas a un debido proceso y a los requisitos de procedibilidad. Según Los Apristas, y a desmadre y desajuste en torno a las reales cuestiones de fondo que subsisten en la problemática de nuestros hermanos de la selva, Alberto Pizango, mediante su conducta materializada con su llamado verbal a la insurgencia contra el GOBIERNO, y las devastadoras consecuencias de los últimos días, habría incurrido en los delitos arriba señalados.
El Delito de rebelión, en su elemento objetivo señala que; aquella persona, sea cual fuese su finalidad o intención sin importar el medio que utilice para tal objetivo, empuñando un arma o cualquier material que se considere como tal, decidiera valerse de los mismos y de una posición concreta dentro del contexto de los hechos a materializarse, para deponer a un gobierno concebido como autoridad legalmente constituida por conducto de los mecanismos democráticos existentes en el ordenamiento jurídico, o modificar y suprimir las líneas constitucionales vigentes; es decir, el hecho en su versión objetiva requiere que el agente activo tome y asuma como propio dichos actos a fin de hacerse del poder o parte de él mediante acciones violentas y contrarias a las normas que regulan la paz y la relación individuo – estado. En su aspecto Subjetivo, dicho de la manera más clara, identifica al dolo – conciencia, como el elemento que perfecciona dicho delito. Entendido desde la lógica Aprista y de los compañeros, tanto Pizango como todos los nativos masacrados por la Policía son personas que han cumplido a cabalidad los requisitos que exige el tipo penal de Rebelión. Por consiguiente, Alberto Pizango es un terrorista conjuntamente con aquellos nativos descalzos que ejercieron su pleno derecho a la autodefensa y guiados en sí mismos por su instinto de supervivencia ante una agresión actual e inminente - que conociendo la historia represiva del Apra y la Policía Nacional – de seguro evaluaremos los hechos en su verdadera versión y no como los medios capitalinos y segregacionistas de la capital nos lo quieren hacer ver.

El mismo razonamiento y análisis jurídico es procedente para calificar los otros delitos con que se acusa al líder de los nativos. A nuestra opinión, ninguna de esas tesis satisface los requisitos de procedibilidad para investigar a una persona y menos aún, para decretar su detención preventiva como lo ha resuelto el poder judicial a claras luces por presión del Poder Ejecutivo como lo señalara Villa Stein hace unos días a la prensa.
Todo delito enumerado en nuestro código penal, lleva consigo un determinado y estricto control sobre los hechos que pudieran encajarse o subsumirse como perseguibles por el Estado. Muy a pesar de eso, si se decidiera proceder con una investigación preliminar – como la que se está llevando a cabo en las oficinas del ministerio Público, y a merced de las pruebas o indicios que pudieran relacionar a Pizango y los hechos denunciados, aún seguirá la siguiente fase referido al análisis de la Tipicidad, Anti juridicidad y Culpabilidad del delito.
Operación lógico-jurídica que sería más que suficiente para desmontar todo el teatro que viene organizando la ministra del interior, de justicia y Yehude Simon.
Y así, haciendo un estricto análisis jurídico de los hechos a fin de subsumirlos en cada tipo penal con que se viene procesando a Pizango, todos y cada uno de ellos no encontrarían base alguna de razonabilidad en cuanto a los hechos que se vienen registrando. Esto es una comidilla de abogados, asesores ineptos y sensacionalistas que sirven al gobierno de turno. Todo letrado experto en derecho penal sabe que de por medio no existe ninguna prueba material que sirva de fundamento para enjuiciar estos delitos. Los indicios razonables que establece el artículo 77° del código de procedimientos penales, están deambulando en las mentes histéricas de Alan García y Compañía.

Lo que es cierto, y por la propia versión de civiles y algunos policías renuentes y hartos del mal obrar de una institución tan podrida como la Policía Nacional, es que, lo que aconteció en Bagua fue un provocamiento directo a las masas aglomeradas de nativos dispuestos a todo a fin de proteger su modo de vida. Existe un conflicto que pudo evitarse si el congreso sometía a debate y consulta los decretos legislativos protestados por los pueblos amazónicos, y a pesar de su promesa de revisarlos, nunca lo hizo.
También se ha corrido la tesis de enjuiciar – quizás moral y políticamente se pueda – a las autoridades del estado por el Delito de Genocidio, detallado en el artículo 319° del Código sustantivo; pero siguiendo fieles a la imparcialidad jurídica que ostenta todo letrado, es necesario precisar que dicha contienda en un posible escenario judicial resultaría muy difícil y complejo establecer el dolo con que se debe materializar dicho ilícito penal puesto que el delito de Genocidio en su elemento subjetivo resalta la intencionalidad del agente de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, social o religioso; entonces, no se podría contar con un elemento contundente como medio de prueba que demuestre que el gobierno mediante la policía tenía la intención manifiesta que conlleva un mínimo de organización y planeamiento para llevar adelante un genocidio. Es decir, situándonos en el plano de las pruebas y con los elementos con que se pudieran acopiar, se debería demostrar que Alan García planeo y mando a ejecutar con ayuda directa de policías el delito de Genocidio y claro; muchos de nosotros sabemos que fue así, pero dentro de un debate jurisdiccional se debe contar con elementos mínimos de prueba para al menos promover la acción penal contra estos Déspotas.
Tampoco podría aplicarse la legislación penal internacional en la que posee jurisdicción la Corte Penal Internacional mediante el Estatuto de Roma que entro en Vigencia en 2002, referidos al genocidio y los crímenes de lesa humanidad, ya que, como insistimos prosiguiendo con criterios legales, el artículo 6 del Estatuto de Roma referido al Genocidio literalmente dice: “se entenderá por genocidio cualquiera de los actos mencionados (…) perpetrados con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Aquí encontramos la misma taxatividad que nuestro código penal, por consiguiente la carga de la prueba consistiría en reunir los mismos elementos que requiere el delito de genocidio en nuestro ordenamiento nacional; y por otro lado, en cuanto a los Crímenes de Lesa Humanidad que el Estatuto de Roma articula en su séptima numeración dice: “se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los siguientes actos cuando se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”, aquí el elemento objetivo da cuenta de que dicho ataque debe estar dentro de una acción generalizada o sistemática, lo que conllevaría a definir una acción político militar construida para fines criminales como parte de un plan esquematizado como lo fue en el caso de Fujimori, lo que para el caso en concreto, no se daría porque los apristas no han jugado de esa manera, aunque de seguro lo desean.

El tema de la autoría mediata despotricada por Souza desde ayer a fin de que se procese a los líderes de Aideses por los sucesos en Bagua serían de mayor eficacia contra el Gobierno, ya que como elementos que se necesitan para aplicar este tipo de autoría contemplada por la legislación interna y teorizada por el maestro Alemán Claus Roxin en 1063, necesita de la concurrencia de un autor mediato que ordene la comisión de un delito atreves de un aparato organizado de poder (primer supuesto), que se halla al margen de la ley (segundo supuesto) y cuyos miembros ejecutores son fungibles (tercer supuesto), dicho de otro modo, Rolando de Souza requiere que se le aplique la misma teoría de autoría con la que se condeno al otrora genocida Fujimori, y como lo señalamos, esta podría ser una buena opción para un posible juicio contra los que ordenaron esta masacre desde el Gobierno. Pero, a más tardar de especulaciones pseudojuridicas y análisis sacadas de contexto, se evidencian graves violaciones a los derechos humanos como asesinato, desaparición Forzada y Tortura, no solo respecto al abandono de la Policía Nacional si no de quienes realizaron dichos crímenes pero, haciendo hincapié que todo razonamiento a fin de entender a mayor cabalidad el enorme problema que vienen padeciendo nuestros hermanos de la selva, debemos siempre apreciar los hechos dentro de su real contexto antagónico en la que legítimamente los nativos están pleno derecho de reclamar por sus tierras y su forma de ver el mundo. Obviamente que dista mucho de la lógica capitalista, parca y sectaria del mundo criollo. Nosotros no hemos podido entender hasta ahora las cosmovisiones que circundan dentro de nuestro propio territorio e insistiendo en nuestros caprichos alienados muchas veces sometemos mediante pseudos actos de legitimidad el obrar de un grupo de burgueses que solo ansían por obtener más poder y dinero poniendo en venta indefinida los pocos paraísos que quedan en el planeta como lo es nuestra amazonia. Con ideas totalmente fascistas y en su angustia desesperada por verter su verdad, los apristas y los grupos de derecha que los financian viene colgando spots que hieren la susceptibilidad de niños y ciudadanos conscientes de la real magnitud del problema, pasan por alto los derechos ganados por nuestros hermanos nativos en toda la historia republicana que se inicio desde la época de la explotación del caucho y que se mantiene vigente con el olvido actual del estado sobre esos territorios. Ahora nos sitúan en un tablero de ajedrez donde la selva y sus pobladores son nuestro obstáculo para el desarrollo. Nunca he presenciado a ningún gobierno burgués que hasta hoy nos gobierna pedirle o consultarle a los pueblos indígenas sobre el porvenir o los proyectos que se podrían realizar en las costas peruanas donde lima y la costa ejercen pleno dominio a costas del concepto de democracia que nos han hecho creer como real contra la población andina y amazónica.
Este es un pequeño aporte a quienes deseen entender el real problema. No es una justificación de cómo las grandes transnacionales estarán presionanando al gobierno con el objetivo de que se les otorgue los beneficios que ellos prestaron durante la campaña electoral al Apra.

Según Amnistía Internacional hay por lo menos 79 manifestantes nativos detenidos por la policía y las fuerzas armadas y 169 manifestantes nativos heridos que corren un inminente peligro en dichas circunstancias.
La comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Segundo máximo organismo de nuestro sistema Interamericano se ha pronunciado condenando los actos del Estado en esta crisis humanitaria.
http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/35-09sp.htm

Envía Cartas de Protesta a estas direcciones y teléfonos:

Presidente de la República:
Sr. Alan García Pérez
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor S/N.
Lima 1, PERÚ
Fax: + 51 1 311 3940
Tratamiento: Sr. Presidente

Primer Ministro:
Sr. Yehude Simon Munaro
Av. 28 de Julio 878
Miraflores
Lima 18, PERÚ
Fax: + 51 1 716 8680
Tratamiento: Sr. Ministro

Ministro del Interior:
Sra. Mercedes Cabanillas Bustamante
Plaza 30 de Agosto s/n
Urb. Corpac - San Isidro
Lima 27, PERÚ
Fax: + 51 1 225 7234
Tratamiento: Sra. Ministra

COPIAS A:
Organizaciones de Derechos Humanos:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Calle Pezet y Monel 2467
Lima 14
Perú
Fax: + 51 1 419 1112
Tel: + 51 1 419 11

Puno Moribundo

Las frágiles miradas de niños atrapados en el frio cuasi ártico de Puno se despiden inmutados por la indiferencia de la mayoría de nosotros quienes estando y portando una condición superior a la que les toco vivir, solo nos queda en el mejor rabiar de los casos sollozar de impotencia por tan graves crímenes contra la ciudadanía. Afirmo “crímenes”, pues como en aquel lobby cibernauta de un amigo en el que tilda de criminales a aquellos que enseñoreándose se los medios necesarios para palear la pobreza y al ignorancia de la población, vigilan airadamente desde sus lujosas cabañas en lo alto del poder factico, para que este status Quo permanezca en su favor, se configura palmariamente estas nada nuevas formas de cometer crímenes dentro y a partir de las estructuras del poder del estado. Las cifras de las autoridades burguesas de este gobierno corrupto señalan ya más de 140 muertes de niños en las caleras de puno.

Otros tantos padecen crónicas infecciones respiratorias como consecuencia del frio infalible en aquella zona de nuestro país. Aquí en la capital los mediocres argumentos de las autoridades de los Ministerios de Salud y Educación no dejan de signar culpa a los estamentos regionales indicando que dichas regiones cuentan ya con solvente patrimonio designado para hacer frente a tan duras condiciones de sobrevivencia; como si un fulano ordinariamente informado no conociera que a pesar de contar con fondos del erario público para emprender las distintas medidas destinadas a la protección social de determinado territorio debe ser primero autorizado y visado por la altas esferas de la burocracia oligarca entre ellas el Ministerio de Economía, franqueado por uno de los neoliberales mas indolientes del medio económico de este país. Desde sus elites solo saben sonreír y exhibir documentos sobre su inútil acción e inacción respecto a su proceder frente a nuestros hermanos del interior del país. Han montado un millonario espectáculo en torno al “foco infeccioso” de la influenza “porcina”, que a decir nuestro, encaja tan perfectamente en las panfletos y libretos que produce la gran productora de telenovelas del partido de Alfonso Ugarte; aunque esta vez, este teatro psicosocial provino de las más altas mentes neoliberales del mundo occidental a fin de desviar la atención de la comunidad internacional respecto a los grandes desgarros que viene sufriendo el capitalismo moderno. Hoy las autoridades Usamericanas declararon la bancarrota de una de las empresas más poderosas e iconos del Tío Sam, General Motors, que en la práctica devendrá en miles de despidos y un rescate financiero por más de 30,000,000 millones de dólares, que como siempre, serán desconocidamente auspiciados por el pueblo estadounidense.

Nos imaginaríamos que se podría realizar con basta suma de dinero aquí en Latinoamérica, si se destinase voluptuosa millonada a favor de las comunidades más precarias de este continente, en lugar de mantener en la lujuria a un grupo de familias que durante más de 200 años se han beneficiado de la inmensa plusvalía que genera el trabajo asalariado en la tierra prometida del reino lucrativo capitalista. No entendemos nuestra realidad, menos nuestra conciencia. Nos bombardean por todos los medios publicitarios que nuestra maquinaria productiva viene creciendo cual Japón luego de la segunda guerra mundial (La Razón, Correo, Expreso), y que nuestra democracia es una de las mas apoteósicas a nivel internacional; pero el inframundo de las clases bajas expresan todo lo contrario. Es inminentemente antagónico, cual sombra en un día sin sol. Las comunidades de Puno y Juliaca sufren la inclemencia de la total indiferencia del medio criollo gobernante. Esta situación climática, empeorada con la atomización del incremento de la temperatura del planeta, produce un foco infeccioso en la que cualquier ser humano con mínimas defensas debido a su tenue estado nutricional, en la que seguro más del 80% de la población rural presenta debido a los escasos recursos económicos que padece aunado por la inútil y falaz presencia del Estado en la satisfacción de las necesidades de una de las poblaciones más pobres del país. Ayer mientras emprendía el camino al descanso nocturno, entre imágenes impactantes y tenebrosas se apreciaba, en uno de los canales de señal local, en vivo y en directo la agonía y muerte de un niño de apenas 2 años de edad en Puno, una mirada y una voz dulce que era consumida por la vorágine de la muerte oscuro y muda. El holocausto para una madre, presenciar la muerte de su propia vida mediante la lejanía e inercia de un pequeño cuerpo en sus brazos. Al Ministro de Salud no se le ocurrió mayor astucia que demandar una investigación a las autoridades de Puno pues según su bruta concepción de la realidad social serrana, esta comunidad ya cuenta con recursos necesarios para emprender las medidas que a palabra de su propia complaciente percepción, no se corresponde para nada ni siquiera en realizar visitas in situ, como cualquier ser humano doliente para constatar objetivamente las circunstancias a un paso de la muerte de aquella ciudad.

Me imagino a un Alan García, empotrado en un buen sillón de cuero en Palacio, arropado por anchas vestimentas de lana y casimir, influenciado por la calentura aquella cónyuge argentina, que haciendo uso de ese sentimiento reciclado llamado caridad, justifican su desprecio por los verdaderos fundadores de esta nación, con sendas practicas de oratoria de disfunción mental empuñando la voz a partir de “llevaremos ropas y comida”, pero ¿y la igualdad?... Quizás para el próximo gobierno, aquí solo se atienden las demandas de los Prado, Los Brescia o Los Romero. Ellos si tienen para pagar un cupo en la alta sociedad que se atiende en clínicas privadas de Nueva York, Canadá o Suiza.

Han diferentes organizaciones, instituciones y ONGs que vienen acopiando material de ayuda para nuestro hermanos moribundos y olvidados del interior del país. Apúntense.